75 fincas se verán afectadas por las obras de implantación del tercer carril entre Taboadela y Ourense (compartir)
Todo NoticiasLos expedientes se abrieron por separado, el primero para las fincas afectadas por las obras de implantación del tercer carril, que actualmente están ejecutando las empresas ourensanas Copasa y Cosfesa, y las actuaciones complementarias que ejecutan Taboada y Ramos y Civis Global. El primero de los expedientes, afecta a un total de 55 fincas, 13 de ellas en el término municipal de San Cibrao das Viñas y las 42 restantes en el de Ourense. El segundo de los expedientes afecta exclusivamente a fincas en el término municipal de San Cibrao, concretamente a una veintena.
Las expropiaciones se dividen en tres categorías: expropiación definitiva, ocupación temporal y servidumbre. En el primero de expedientes, la finca más grande afectada por el concepto de expropiación es de algo más de 64 metros cuadrados en el término municipal de Ourense y de 7 metros cuadrados en el de San Cibrao das Viñas. En el segundo, que solamente afecta a San Cibrao, la finca más grande expropiada es de 962 metros cuadrados. Mayor impacto tienen las servidumbres, que afectan, en el caso del término municipal de Ourense a superficies de hasta 2.054 metros cuadrados, frente a los 86 en San Cibrao. La ocupación temporal afecta a 12 de las 13 fincas del municipio de San Cibrao, con un área máxima ocupada de 650 metros cuadrados y a 16 de las 42 parcelas del municipio de Ourense, con una superficie máxima de 290 metros cuadrados.
En el segundo expediente, relativo a las actuaciones complementarias, las 20 parcelas a las que afecta, son objeto de expropiación definitiva de áreas que van desde los 3 hasta los 962 metros cuadrados.
Las listas con las fincas, sus propietarios y el grado de afección de las mismas se encuentran expuestas, entre otros puntos, en las casas consistoriales de los municipios de Ourense y San Cibrao, en la subdelegación del Gobierno y en la web del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que los afectados puedan alegar lo que consideren oportuno.