El AVE a Galicia, pendiente de la constitución del nuevo Gobierno (compartir)
Todo Noticias
Pedro Sánchez espera tener nombrado su nuevo gabinete ministerial efectivo antes de Navidad, si el calendario de negociaciones le resulta propicio. Eso significaría que el cambio en los cargos públicos de segundo y tercer nivel dentro de la administración y en las empresas públicas se podría producir entre esa fecha y el final de la primera quincena de enero. ¿Qué podría suceder?
Lo más posible es que el Ministerio de Fomento siga estando bajo el control del PSOE y, en consecuencia, no afecte a la política de realizaciones en marcha. Galicia cuenta en la actualidad con una doble baza a su favor. La primera en el administrador de las infraestructuras: tanto la presidenta del Adif como el director general de construcción, Isabel Pardo de Vera y Juan Pablo Villanueva, son ingenieros que han desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en los proyectos del AVE gallego, amén de que la primera es gallega, también. La segunda, en Renfe. se trata del director general de operaciones, José Luis Cachafeiro Vila, monfortino de nacimiento y con estrechos vínculos con Ourense, que tiene a su cargo la responsabilidad de elegir con qué trenes y con qué frecuencias se estrenará la línea gallega de alta velocidad.
Con estos valedores no cabe duda de que cualquier retraso que se produzca, y como ya sabe el lector se están produciendo, solo puede ser imputable a razones de carácter técnico o a situaciones heredadas de épocas anteriores. Sin embargo, un cambio en la cúpula de ambas empresas públicas, teniendo en cuenta de que actualmente la capacidad inversora en las mismas es más limitada que las necesidades que se le presentan con las nuevas líneas de alta velocidad, se podrían ver diluidas las expectativas gallegas a corto y medio plazo. Especialmente en lo que se refiere a infraestructuras pendientes, como la estación intermodal de Ourense y la variante exterior. En ambas infraestructuras hay muchos contratos que están pendientes de licitar, sobre los cuales existía un compromiso público de que iniciarían su tramitación antes de finalizar el segundo semestre de 2019, un semestre al que le quedan 43 días.