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Fomento quiere zanjar los litigios pendientes con las constructoras del AVE gallego con auditorías externas (compartir)

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Fomento quiere zanjar los litigios pendientes con las constructoras del AVE gallego con auditorías externas
Boca oeste del Túnel de Prado
Aunque en algunos casos el Adif ya ha llegado a acuerdos con las empresas, existen disputas en tramos tanto del AVE gallego como de otras obras de alta velocidad que quieren zanjar mediante la contratación de servicios técnicos externos que se ocupen de redactar informes contrapericiales.

Tres meses tendrán los técnicos que asuman el contrato de redacción de informes contrapericiales con los que confrontar las demandas planteadas por algunas constructoras y uniones temporales de empresas que trabajan en el trazado de alta velocidad en España. El Adif ha fraccionado en dos contratos estos servicios técnicos, con los que los peritos deberán analizar pormenorizadamente las demandas presentadas por la parte contraria y elaborar un informe contrapericial a los informes periciales con los que las diferentes UTE (unión temporal de empresas) argumentan el sobreprecio que reclaman. En cada contrato, por 60.000 euros más IVA, los peritos tendrán que analizar tres reclamaciones. En el primero, abordan un tramo del AVE Madrid-Barcelona, las obras en la Estación de Elche y las obras de la vía izquierda entre Lubián y el túnel bitubo de La Canda. En el segundo, también hay un tramo del AVE gallego en litigio, el que se refiere a la vía izquierda del Túnel de Prado.

Fomento quiere resolver estos litigios en el menor tiempo posible y ha fijado un plazo de tres meses para la redacción de los informes contrapericiales de manera que, una vez estén sobre la mesa se pueda llegar a un acuerdo amistoso con la parte contraria o, en caso de que dicho acuerdo resulte imposible, haya que zanjar el litigio por la vía contencioso administrativa, en cuyo caso, los peritos tendrán que acudir para defender los argumentos que ellos mismos redactaron y que serán los que utilice el Adif para defenderse ante las reclamaciones.

Los litigios que plantean varias empresas están relacionados, en algunos casos, por la demora en los plazos de ejecución que fueron imputables a la Administración. Se trata de obras cuyo ritmo de trabajo se ralentizó no por razones operativas o de imprevistos sobrevenidos durante su realización, sino por la falta de liquidez de Fomento para hacer frente al pago de las certificaciones progresivas. En algunos casos, esa falta de liquidez estuvo provocada por la paralización presupuestaria derivada de la interinidad del Gobierno. En otras, por falta de tesorería con la que afrontar los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación de los contratos.

En otras situaciones, como la de la vía izquierda del túnel de Prado, por no aceptar una galería de ataque intermedio, técnica empleada en otros subtramos de la misma línea, para afrontar la excavación del túnel simultáneamente desde cuatro puntos en vez de dos.

La contratación de técnicos externos, ajenos a las empresas constructoras y a la Administración, se contempla como una vía para acercar posturas con los litigantes y así evitar la vía contenciosa, que podría demorar las obras más allá del plazo que se ha marcado Fomento para tener en circulación los trenes por la línea del AVE gallego.